Durante las últimas semanas, el gobierno brasileño se ha dado la difícil tarea de construir presas hidroeléctricas gigantescas en el río Amazonas. El proyecto coloca al presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante una contradicción mayor—entre su ambicioso plan de desarrollo a base de proyectos de infraestructura a gran escala, y el enorme costo social y ambiental de dichas presas.

Por una parte, la construcción de presas ejerce un papel crítico en la iniciativa gubernamental de infraestructura a gran escala llamada Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). El PAC es un programa de obra pública, de varios años, diseñado para generar desarrollo económico vía la promoción de incentivos para la expansión de infraestructura, lo que incluye la construcción de grandes presas en el Amazonas. Por otra parte, el presidente debe enfrentar la realidad de que esos mega proyectos del Amazonas pueden llegar a tener un impacto social y ambiental enorme e irreversible; y enfrentar, también, obstáculos considerables bajo las exigentes leyes ambientales de Brasil. Lula encara hoy un dilema mayúsculo al que ha venido respondiendo, con frustración y cinismo.

Hacen falta estudios antes de que los proyectos avancen

El foco rojo de este asunto es el plan de construcción de dos grandes diques en los rápidos de Santo Antônio y Jirau en el río Madeira, del estado amazónico de Rondônia. Los proyectos consisten en contener al principal afluente del Amazonas, causando cambios dramáticos a la ecología ribereña y afectando a miles de familias que dependen del río para su ingreso, nutrición y agricultura. Con una capacidad generadora combinada de 6,450 MW, los planificadores de energía del gobierno insisten en que las presas del Madeira son esenciales para evitar apagones en la próxima década.

Sin embargo, a más de dos años de análisis, la agencia ambientalista de Brasil IBAMA, falló recientemente por no dar luz verde al controversial proyecto, aludiendo a la falta de información con la cual tomar una decisión. IBAMA ordenó a los defensores del proyecto—Furnas, compañía eléctrica del estado, y Odebrecht, gigante brasileño de la construcción—que presenten una serie de estudios complementarios para determinar si el proyecto es "factible desde el punto de vista ambiental," criterio que utiliza la ley brasileña. Las compañías ya han respondido y, al parecer, Lula le ha ordenado a IBAMA que apruebe condicionalmente el proyecto, quedando pendientes las acciones que, supuestamente, mitigarían algunos de sus impactos más serios.

La decisión de IBAMA llega en un momento en que el Ministerio del Ambiente, a cargo de la internacionalmente famosa abogada ambientalista y antigua líder recolectora de caucho Marina Silva, ve crecer su marginación al interior del gobierno de Lula. Los partidos de centro-derecha y conservadores, que conforman la coalición de gobierno, han adquirido fuerza y se oponen sistemáticamente a una reglamentación ambientalista más estricta. Aún así Lula se negó a despedir a Silva en su última sacudida ministerial. Ello indica que su valor, en tanto que símbolo del compromiso de la administración a favor de la defensa del ambiente, es mayor que la incomodidad que genera su insistencia en mantener los estándares de protección del medio, por lo que respecta a esos grandes proyectos que Lula insiste son necesarios para estimular el crecimiento económico del país.

El sector eléctrico brasileño ha lanzado un torrente de críticas contra la ministro del ambiente, reclamando que IBAMA frena el desarrollo de Brasil. Silva se ha mantenido firme en aseverar que "no hay fechas límite para aprobar el proyecto del Madeira." Esto ha llevado al director general de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil, Jerson Kelman, a proponer que se retire el poder de decisión de "los proyectos estratégicos" (léase, grandes represas en el Amazonas y plantas nucleares) de las manos de IBAMA y que se los ponga bajo la jurisdicción del Consejo de Defensa Nacional, cuerpo asesor de participación militar, entre otros sectores gubernamentales.

La ministra Silva ha cedido a la presión anunciando la reestructuración de IBAMA, dividiendo a la agencia en dos cuerpos separados; uno enteramente dedicado a la licitación ambiental y el otro, a la administración de las áreas protegidas. No obstante, es difícil ver cómo esto podrá resolver, sustantivamente, el impasse que se profundiza. Enfrentados a cortes de presupuesto y personal, todavía en curso, los empleados de IBAMA se han ido a la huelga, obligando a la agencia a contratar consultores para completar la licitación del proyecto del Madeira.

Un proyecto de ley actualmente en manos del parlamento federal invalidaría las garantías constitucionales de los pueblos indígenas que enfrentan los planes de las presas hidroeléctricas en sus tierras, obligándolos, por el contrario, a aceptar regalías. La constitución de Brasil mantiene que los pueblos indígenas sean escuchados en lo referente a presas que afecten sus territorios, con una provisión que las cortes han interpretado como el requisito de obtener su consentimiento informado.

Los proyectos de las presas del Madeira son indicativos de las aguas revueltas que el gobierno tendrá que navegar si continúa con sus planes de construcción de más de 60 grandes diques, en los principales ríos de la Amazonía, durante las próximas décadas. La tendencia ha sido tratar estos proyectos cual si se dieran por hecho. En palabras del especialista de energía Sergio Bajay, de la Universidad de Campinas, el sector eléctrico esgrime "una mano de hierro". El gobierno y las compañías niegan que el proyecto tenga impacto de largo alcance. Un ejecutivo de Oderbrecht dijo, en audiencia pública en Rondônia, en mayo pasado, "que este es un proyecto de presa de otro tipo—que casi no tiene impacto en el ambiente."

Sin embargo, estudios independientes encargados por el ministerio público del estado de Rondônia y por IBAMA confirman eso que los ambientalistas y los movimientos sociales han temido— el proyecto del Madeira tendrá un enorme impacto que se dejará sentir más allá de miles de kilómetros, desde la boca del poderoso Amazonas y subiendo por el Madeira hasta los vecinos Bolivia y Perú. Un factor principal es la carga extremadamente alta de sedimento que lleva el Madeira—el río transporta millones de toneladas de barro, arena y cieno desde las cuestas de Los Andes, donde nace, hacia la corriente baja, donde deposita la mitad de esos sedimentos. Los estudios han demostrado que cuando las presas comiencen a operar, la presa del Jirau, corriente arriba, se llenaría de esos sedimentos, desbordándose hacia la selva del vecino Bolivia. El retener estos sedimentos tras los muros de la presa despojaría al río, corriente abajo, de los preciosos nutrientes que hoy fertilizan las tierras agrícolas y contribuyen al sustento de la increíble biodiversidad del Madeira—hay 750 especies de peces y 800 de aves a lo largo del corredor ecológico del Madeira. La presión gubernamental sobre IBAMA para que libere la licitación del proyecto ha recibido el empujón de un estudio realizado por el Banco Mundial y financiado por un consultor hidroecológico, quien dijo que todos los sedimentos pasarían por las turbinas, eliminando cualquier impacto que esto pudiera de otro modo ocasionar.

Implicaciones internacionales

Otro serio impacto, ya identificado, es el efecto potencial de las presas sobre las especies migratorias de peces. Algunas nadan más de tres mil kilómetros cada año, a corriente arriba del Madeira para desovar. Los científicos sospechan que el instinto de apego de estos peces continuaría a atraerlos al Madeira y que, al bloquear los diques el acceso a sus áreas reproductivas, muchas de esas especies devendrían extintas. Estas especies sirven como fuente de proteína de decenas de miles de habitantes de la ribera del Madeira y el Amazonas y tienen también un valor económico considerable tanto para los pescadores artesanales como para la industria pesquera. Este hallazgo llevó a Lula a comentar cínicamente que "los ambientalistas están tratando de echar bagre en mi regazo" al oponerse al proyecto del Madeira.

Los efectos del proyecto en Bolivia podrían eventualmente bloquear su avance. Oficiales del gobierno brasileño (excluyendo a IBAMA) han intentado ignorar el hecho de que para que Brasil construya un dique que inundará el territorio de un país vecino se requiere de negociar un conjunto complejo de tratados, en ausencia del cual Brasil sería culpable de violar el derecho internacional. Evo Morales le dijo a Lula en una reunión, en enero, que su gobierno estaba preocupado por los impactos del proyecto Madeira. Lula respondió con la oferta de financiar un dique binacional, corriente arriba, entre Brasil y Bolivia, lo que ha sido planeado dentro del marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Morales declinó la oferta, según se informa. El Directorio para el Medio Ambiente de Bolivia ha estado analizando los estudios técnicos del proyecto y sus recomendaciones están siendo debatidas por el gobierno de Morales, del que se espera tome una posición definitiva, en lo relacionado a las presas, durante las próximas semanas. Con el gobierno boliviano peleando con Brasil por la nacionalización de los intereses de Petrobrás en el país, la decisión de Morales respecto a oponerse o no a los diques del Madeira podría estar templada por otras consideraciones geopolíticas y económicas.

Interrogantes de viabilidad económica

Además de las serias interrogantes concernientes a la factibilidad ambiental del proyecto, Brasil puede tener problemas para atraerle suficiente inversión privada, debido a cuestiones de viabilidad económica. Originalmente propuesto como una fuente de energía de bajo costo para la red nacional, el presupuesto del proyecto continúa elevándose. El último estimado de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (ANEEL) sitúa el costo para los diques de Santo Antonio y Jirau en 13 mil doscientos millones, sin incluir el gasto adicional—estimado por el gobierno, de hasta 7 mil y medio millones—de construcción de 2,400 kilómetros de líneas de transmisión que lo entrelazan con la red eléctrica nacional. Tampoco incluye los costos de las esclusas navegables, ni los costos de construcción de diques para amenguar los rápidos y hacer posible que se desplacen las embarcaciones, corriente arriba, hacia el afluente del Madeira, desde la boca del río Amazonas. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) ha ofrecido términos financieros generosos como parte del programa PAC y el gobierno brasileño ha debatido financiarlo mediante el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Hay indicios de que la mayoría de inversionistas privados están analizando cuidadosamente la economía de estos diques a la vez que sus potenciales problemas ambientales antes de adoptar el proyecto. Claudio Sales, coordinador de una asociación brasileña de servicios eléctricos, el Instituto Acende Brasil, dijo "sabemos que los proyectos faraónicos como este, manejados por empresas estatales, siempre superan sus costos iniciales y sus fechas límite."

También como parte de PAC, el gobierno brasileño está intentando licitar otra presa en Belo Monte, con una capacidad generadora estimada en 11,182 MW. Sería éste el primero de una serie de diques planeados para el río Xingu, otro afluente del Amazonas y desplazaría, por lo menos, a 16 000 personas, afectando, directamente, a 450 indígenas.

Los estudios ambientales han sido bloqueados hasta hoy por una demanda legal hecha por los abogados federales, sobre la base de que IBAMA no ha establecido términos de referencia para esos estudios. Las poblaciones indígenas de la región de la cuenca del Xingu se reunieron recientemente para expresar su oposición al proyecto. El ministerio de Minas y Energía ya anuncio que otro enorme dique, S ã o Luis, en el río Tapajós, con una capacidad de más de 9,000 MW, será el siguiente proyecto gigantesco que planea promover el gobierno. Otros importantes ríos amazónicos, como el Araguaia y el Trombetas, están siendo demarcados para ser convertidos en presas.

Es claro que el gobierno de Lula continuará a presionar para la licitación de los diques del Madeira. IBAMA, que ha tenido que defender de manera constante su papel de analizar con cuidado los impactos de esos proyectos, encontrará imposible resistir el torrente de críticas políticas que está recibiendo. Por esta razón, la decisión final de si avanzar o no con el complejo Madeira se hará en el terreno político y no en el técnico. Lo que está aún más lejos de ocurrir es un análisis de las alternativas al complejo Madeira y a los otros mega proyectos hidroeléctricos planeados para la Amazonía. El sector eléctrico brasileño ha atacado a cualquiera, incluyendo a la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for Nature WWF), que se haya atrevido a inferir que el panorama de la eficiencia energética o de las alternativas energéticas se holgaría si el país optara por evitar la destrucción del Amazonas. Algunos estudios, realizados por expertos en energía, muestran que el modernizar viejos diques, en actual operación, y reducir las pérdidas por transmisión podría proveer de una cantidad importante de nueva energía a bajo costo y de casi nulo impacto ambiental. Esto ha sido rechazado como pensamiento utópico e ilusorio.

Los intereses económicos de los conglomerados de la construcción que financian la mayor parte de las campañas políticas de Brasil y la corrupción que permea los proyectos multi-billonarios (el ministerio de Energía y Minas de Brasil fue obligado recientemente a retirarse cuando un policía federal filmó al director de la construcción cuando entregaba un sobre con dinero a su gabinete) que el gobierno de Lula considera "estratégicos" para el país, hablan más alto que los científicos y los expertos técnicos. Las voces de las comunidades ribereñas, asentadas a lo largo del Amazonas, no son escuchadas en Brasilia. El futuro del Amazonas puede bien depender de que los conflictos diplomáticos y legales mantengan la visión faraónica de Lula, en lo tocante al desarrollo brasileño, bajo vigilancia, obligando a los planeadores de energía a buscar caminos alternativos. www.ecoportal.net

Versión original: Brazilian Government Moves to Dam Principal Amazon Tributary

Traducción por: María Dolores Bolívar

* Glenn Switkes es Director de la Oficina de Latinoamérica del International Rivers Network basado en São Paulo y colaborador del Programa de las Américas

** María Dolores Bolívar es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) y doctora en Estudios Culturales y Literarios por la Universidad de California, San Diego (UCSD). Es actualmente periodista independiente, consultora de traducción y catedrática de español en San Diego Mesa College.

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