CAPE TOWN, Sudáfrica, 6 Noviembre - La Comisión Mundial de Represas (WCD), creada hace dos años para encontrar un territorio común en el debate feroz sobre las represas y el desarrollo, ha completado su amplio trabajo y cumplido su mandato con un acuerdo unánime, en su plazo y bajo el presupuesto.
América del Sur es una piedra angular del trabajo de la WCD. La Comisión ha recién completado un amplio Estudio de Caso sobre la represa de Tucurui en Brasil y reunió datos sobre 13 represas en la región como parte de su estudio. Sostuvo una consulta regional de dos dias en Sao Paulo, Brasil, y ha leído 116 ponencias escritas de la región, incluso un compendio estadístico acerca de la experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo con represas.
Ahora, al completar su mandato, la Comisión presentará su análisis amplio y global, sus hallazgos independientes, sus criterios y pautas para la acción en las ciudades de Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo. La meta de la Comisión es ayudar a convertir las controversias del pasado de América del Sur en un acuerdo general para el futuro. América del Sur tiene más de 1.000 represas grandes - con más de 15 metros de altura. Según las estadísticas de la industria, Brasil tiene 594 de esas represas, Argentina, 101, y Chile 88.
"Todo el desarrollo debe ser centrado en las personas", dijo Kader Asmal, Presidente de la WCD. "Nuestro informe ayuda a los países a satisfacer las necesidades diarias de los ciudadanos sedientos y hambrientos, sin agotar las aguas que nos sostienen todos. La medida de nuestro progreso es lo práctico y útil que nuestro trabajo colectivo ha sido para todos."
En el Programa de Trabajo de la WCD es prominente el estudio del caso del Complejo Tucurui en Brasil - una inversión que costará prácticamente US$10 mil millones cuando se complete la Fase II en 2006.
Tucuruí ejemplifica las cuestiones más importantes en el debate sobre las represas y el desarrollo en toda la América Latina. Entre los impactos económicos, sociales y medioambientales del proyecto, el equipo brasileño de expertos que emprendió el estudio del caso ha identificado los siguientes:
· Tucurui atiende 70% de las necesidades de energía en el Norte de Brasil; con la conexión a la red del sur y el doblo de la capacidad (en la Fase II), este Complejo dará una contribución importante a las demandas futuras de energía de Sao Paulo y de otros centros urbanos y industriales de Brasil;
· El impacto negativo que los costos adicionales pueden provocar sobre un tipo de energía considerada económica, de los proyectos de represas muy grandes, y la balanza de los subsidios que se han proporcionado en el pasado a los consumidores industriales de fuerza;
· El potencial de las represas para generar emisiones de gas de invernáculo es próximo de aquéllos que se quería evitar escogiendo la fuerza, y non las plantas de energía basadas en el combustible fósil;
· El potencial para las pérdidas en la producción de la pesquería downstream de una represa es mayor que los resultados de las pesquerías del depósito;
· La severidad potencial de los impactos imprevistos de los proyectos de represas sobre la salud, como el aumento de la malaria que empezó durante el periodo de la construcción; la plaga de mosquitos Mansonia que empezó después de llenar el depósito; y el almacenamiento y concentración a través de la cadena alimentaria del mercurio de la exploración del oro en el rio;
· La dificultad de aplicar un concepto financiero a proyectos que no involucran sólo costos de construcción y beneficios de energía, pero también muchos impactos sociales y medioambientales.
Con respecto a la toma de decisiones, el informe sobre Tucuruí clarifica la continuada discordancia entre las comunidades locales y Eletronorte (la empresa operadora) con respecto a la Fase II del proyecto. Con la construcción de la Fase II, de $1.4 mil millones, ya iniciada, las comunidades temen que los cambios subsecuentes en las reglas operacionales para el depósito lleven a
una repetición de los impactos negativos provocados por la creación inicial del depósito. Sin embargo, los reguladores han decidido que esa Fase II es una continuación de un proyecto planeado antes de la ley que instituye la evaluación de impactos ambientales en Brasil, y así está exenta de este requisito - y por consiguiente las audiencias públicas para discutir tales cuestiones no han ocurrido. Las discusiones francas y abiertas entre las partes ocurridas en la reunión de cierre del Estudio de Caso Tucurui, en Enero de 2000, en Belém, Pará, Brasil), fueran una oportunidad para semejante discusión.
En la reunión, Eletronorte mantuvo que no se contemplava ningún cambio en el nivel máximo de operación (qué inundaría tierras adicionales). Representante de la agencia medioambiental estatal clarificó que semejante cambio en las operaciones necesitaría la aprobación de su agencia para
obtención de la licencia anual de operación para Tucuruí. Y cambios importantes en las operaciones prodrían activar un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental bajo la ley federal.
Las comunidades eran, a su vez, dudosas que una vez operacional el proyecto, semejante decisión sería tomada por las autoridades estatales. El equipo de estudio de caso, entretanto, sugierió que aunque el nivel operacional máximo se mantiene, el modelo de funcionamiento del depósito será cambiado, porque la Fase II doblará la capacidad generadora de energía del Complejo Tucuruí.
Así, la calidad de agua y los flujos en el depósito y downstream serán alterados inevitablemente. La naturaleza exacta y la magnitud de estos impactos deben todavía ser estudiadas sistemáticamente.
Finalmente, el Informe Tucuruí y la experiencia brasileña demuestran el potencial de los mecanismos de royalties como un medio para compartir beneficios con las comunidades locales - pero también que es necesario aprender con las experiencias. En Tucurui la ley nacional sobre royalties pone
dinero en las manos de autoridades locales pero esto no garantiza que aquéllos que han sufrido los costos negativos de los impactos sociales, medioambientales y de la salud de la represa reciban los beneficios en la forma de gastos públicos subsecuentes.
El Estudio de Tucurui es sólo uno de los diez informes seleccionados en el mundo como parte de un programa de estudios de caso. Y todos estos estudios del caso son un fragmento de toda la evidencia preparada para la WCD, como por ejemplo un estudio global de 125 represas, incluidas las grandes represas de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay y Venezuela.
La WCD también ha compilado 17 documentos de trabajo sobre áreas específicas de discusión. Por ejemplo, las informaciones compiladas como parte del trabajo sobre problemas económicos y financieros muestran que las represas grandes financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha tenido en promedio costos 45% superiores a lo presupuesto original. Esta tendencia refleja aquéllas encontradas en otras regiones. Datos compilados por WCD sobre
250 represas mostraron que los costos adicionales vinieron a 54%. Al mismo tiempo, datos del BID y de otros grandes donadores multilaterales, como el Banco Mundial, muestran importantes reducciones en los niveles de inversiones en las represas desde los años setenta, cuando el BID comprometió más de $1 mil millones por año en represas en la región.
El Informe Final de la Comisión va más allá de aprender del pasado. Presenta un nuevo cuadro para la tomada de decisión, con direcciones claras y la orientaciones prácticas. El 23, 24 y 27 Noviembre, la WCD no les dirá qué hacer a las personas o los gobiernos de América del Sur. La WCD quiere, sin embargo, proporcionar las evidencias claras, el contexto histórico y una orientación gradual, para que todas las partes puedan desarrollar cuidadosamente las lecciones del pasado para crear políticas para su futuro.
CONTACTO: Nicolás Gutman, Secretaría de la WCD, Comunicaciones
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Fuente: FUNDACION POTEGER jcproteg@satlink.com

LA COMISION MUNDIAL DE REPRESAS PRESENTA SU INFORME FINAL
EN TRES GRANDES CIUDADES DE AMERICA DEL SUR