En Ibarra, provincia de Imbabura, noroccidente ecuatoriano, los días 19 y 20 de noviembre se realizó el Foro Regional “El Ecuador que queremos” con la participación de pueblos afectados por las actividades extractivas. Fuimos especialmente invitados para exponer nuestro mensaje y experiencia, convivimos en jornadas históricas con las organizaciones campesinas, indígenas y no gubernamentales del Ecuador. Representantes de los movimientos sociales de Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos, Canadá, y militantes ecologistas locales, confluyeron en ponencias que permitieron debatir sobre la contaminación, destrucción y saqueo de las transnacionales mineras, el modelo económico impuesto, y el documento que presentarán en la Asamblea Constituyente que habrá de sesionar en próximos días en la localidad de Montecristi y que definirá el nuevo rumbo de Ecuador. El documento firmado por medio millar de delegados, mayoritariamente de la región norte, de la Amazonía y de la costa, textualmente dice:

“Considerando

Que la crisis ambiental global de nuestro planeta, causada por la devastación ecológica producto del modelo económico impuesto por el capital transnacional, que prioriza la rentabilidad económica, y que amenaza el abastecimiento de bienes comunes primordiales para el mantenimiento de la vida, como el agua.

Que el Ecuador vive un momento político histórico y trascendental de definición del modelo de desarrollo y del país que queremos construir.

Que los pueblos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, al acceso, control y manejos de nuestros bienes comunes, mal llamados recursos naturales.

Que las actividades de las empresas mineras, petroleras, madereras, hidroeléctricas, camaroneras, entre otras, han violado preceptos constitucionales, derechos humanos y colectivos en diferentes provincias del país, como hemos constatado en este encuentro.

Que hay una constante y flagrante violación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y negros.

Que el saqueo realizado por las transnacionales mineras en los países hermanos de Chile, Argentina y Perú sólo han dejado impactos ambientales, económicos, políticos, sociales y culturales, y no han mejorado las condiciones económicas de los países y mucho menos de las comunidades, y que amenazan con la extinción de los pueblos.

Que las empresas transnacionales instaladas en los países participantes de este encuentro, al igual que en el Ecuador, han propiciado estrategias de criminalización expresadas en la persecución, amedrentamiento, encarcelamiento, enjuiciamientos, entre otras, con el único fin de acceder a las áreas en las que pretenden desarrollar sus proyectos.

Reconociendo:

Que ante la invasión de los proyectos extractivos, las comunidades han propuesto alternativas, muchas de ellas ya en ejecución, como la declaratoria municipal de “Cantón Ecológico de Cotacachi,”o las distintas actividades de bajo impacto manejadas y controladas por las organizaciones comunitarias de tipo turístico, productivo, de asociaciones de canastas solidarias, o experiencias de vida comunitaria expresadas en este evento.

Que hemos mantenido formas de vida sustentable, hemos desarrollado y podemos realizar actividades sustentables y sostenibles que actualmente están amenazadas por las empresas mineras, camaroneras, hidroeléctricas, madereras, entre otras.

Reconociendo el compromiso de las comunidades y organizaciones, nacionales e internacionales presentes en este encuentro, interesadas en defender nuestros recursos naturales, fuentes de vida y sustento frente a actividades empresariales privadas y transnacionales.

Que somos los gestores de la sustentabilidad de nuestros pueblos, la misma que está presente en las comunidades campesinas, indígenas, en los pueblos y comunidades agrícolas, pesqueras, recolectoras, concheras, artesanales, etc.

Que Ecuador es un país rico en recursos naturales (bienes comunes) y culturales, que está a punto de entrar en el proceso histórico de la Asamblea Constituyente, donde vemos la oportunidad para pensar qué tipo de país queremos construir y sostener.

Nos comprometemos a:

Asumir como prioridad la existencia y vida de los pueblos en armonía con el ambiente. La defensa de nuestros territorios y bienes comunes y la resistencia a políticas y proyectos que atentan a nuestra vida.

Vigilar que la Asamblea Constituyente construya el Ecuador que queremos con la participación y el aporte de las comunidades existentes en todos los rincones del territorio nacional. Pues el presente y futuro no depende sólo de 130 asambleístas constituyentes.

Movilizarnos a Montecristi para sostener nuestras demandas en la Asamblea Constituyente.

Fortalecer la lucha contra las empresas mineras, mediante la unidad inquebrantable de los pueblos para no dejarnos arrebatar el futuro.

Construir corredores de resistencia a lo largo y ancho del país.

Articular nuestras luchas y participar en redes nacionales e internacionales de defensa de la naturaleza.

Fortalecer los espacios de resistencia en la región norte del Ecuador y articular nuestras luchas para apoyarnos, protegernos y proponer alternativas conjuntas de desarrollo.

Socializar los conocimientos adquiridos en otras comunidades y espacios relacionados con la minería y otras problemáticas ambientales.

Seguir impulsando iniciativas tales como moratorias, ordenanzas municipales como la que declaró Cantón Ecológico de Cotacachi, decretos ministeriales, consultas populares y otras que permitan proteger nuestros recursos naturales (bienes comunes).

Defender e impulsar proyectos sustentables que mejoren la calidad de vida de las comunidades locales.

Recuperar las prácticas tradicionales de cultivo, consumo, y formas de intercambio alternativo, así como la revalorización de nuestros bienes comunes y valores culturales.

Participar y demandar nuestros gobiernos locales, las acciones que propendan a la defensa del ambiente, los derechos colectivos y las fuentes de sustento de las comunidades.

Solidarizarnos con las luchas nacionales e internacionales en defensa de la vida.

Por tanto exigimos que:

Se declare a Ecuador PAIS LIBRE DE MINERIA A GRAN ESCALA

Se respete la Ordenanza de Cotacachi Cantón Ecológico por parte del gobierno central.

Se reformulen y amplíen los límites de la Reserva de Cotacachi Cayapas en la zona de Intag, incluyendo la vertiente oriental de la Cordillera del Toisán.

La Asamblea Constituyente declare prioridades nacionales el derecho al agua, la soberanía alimentaria y el acceso, manejo sustentable y control de los bienes comunes (recursos naturales) por parte de las comunidades o pueblos locales, frente a otras actividades de extracción.

La Asamblea Nacional Constituyente declare la amnistía para los líderes perseguidos por la defensa de los bienes comunes. No puede haber Constituyente con perseguidos.

Se hagan cumplir las leyes de protección ambiental tanto a las pequeñas como grandes empresas de extracción de los recursos naturales.

Los delitos ambientales sean sancionados penalmente para que no queden en la impunidad.

Se respete el derecho de las comunidades a disentir, es decir, el derecho de rechazar o decir NO a los proyectos mineros.

Dado en Ibarra, Ecuador, 20 de noviembre de 2007.”

Fue numerosa la diversidad de etnias presentes en el foro, comunidades afro y de centros chachi de las riberas del río Cayapas, como el pueblo kichwa de Sarayaku y grupos colonos de la Amazonía, que tuvieron su voz. Infinidad de acciones de resistencia fueron narradas por “líderes” de distintas comunidades, como la experiencia del pueblo de Intag en Cotacachi, provincia de Imbabura, que tuvo la fortaleza y decisión de expulsar a la transnacional minera Ascendant Cooper Corporation, a pesar de los mercenarios paramilitares que ésta había contratado “perpetrando agresiones contra la población, maltratos físicos, heridos, amenazas de muerte e intimidaciones con armas de fuego, persecuciones, calumnias, causas falsas en contra de dirigentes, invasión de fincas, compras ilegales de tierras, división de la población, etc.” parte de las denuncias registradas por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, tal como ocurre en comunidades de Perú, Bolivia o Argentina habituadas a igual operatoria de las mineras, la mafia transnacional.

A Ecuador se le abre ahora la posibilidad de una nueva Constitución Nacional a través de la Asamblea Constituyente. El documento que anticipamos aquí formará parte de las discusiones en pos del Ecuador que el pueblo pretende. www.ecoportal.net

* Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH). Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE). Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).